domingo, 22 de enero de 2012

'El trabajo es conjunto, tanto el chico como la familia deben comprometerse con la terapia'


SOCIEDAD | La intervención sobre menores maltratadores en el centro El Laurel

'El trabajo es conjunto, tanto el chico como la familia deben comprometerse con la terapia'

Fotografía de un adolescente interno en un centro de menores. | EL MUNDOFotografía de un adolescente interno en un centro de menores. | EL MUNDO
"Que no nos grite, que me hable con respeto, que me dé un beso, que desayune conmigo, que me felicite por mi cumpleaños...". Son gestos cotidianos que los padres que han sufrido maltrato por parte de sus hijos llevan años sin ver y que sueñan con recuperar por lo que significan: el inicio de una nueva relación, de una nueva vida, sin violencia. Estos deseos son algunos de los 'marcadores de éxito' que fijan las familias cuando los menores son recluidos en el centro 'El Laurel', en Madrid. Es decir, conseguir un beso, una felicitación, que muestre respeto... sería para los progenitores una clara señal de progreso, lo que da una idea del grado de deterioro de la relación familiar después de años de conflictos.
Primero insultan, luego rompen cosas en casa, después consumen drogas o pegan para ver hasta dónde le permiten sus padres... pero lo que necesitan es que les paren
Manuel Córdoba, director del centro de menores El Laurel
El internamiento en casos de maltrato es la medida más restrictiva y los jueces de menores la decretan en los casos de agresiones que revisten especial gravedad, son habituales y la situación se ha cronificado. Como en las medidas de medio abierto, la intervención, que puede llevar desde seis a 12 meses, tiene una dimensión terapéutica especializada y se incide en la necesidad de que los progenitores participen activamente en ese proceso de cambio para haya progresos, a pesar de que no exista un mecanismo legal que les obligue a ello.
"Trabajamos desde la corresponsabilidad de la problemática. Algunas familias tienen la percepción de que cuando un chaval entra aquí, sólo él tiene que cambiar, pero la familia también debe hacerlo. Nadie dudaría si a un hijo se le rompe el brazo, que su padre está obligado a llevarle a un hospital, pero cuando hablamos de entrar en un proceso terapéutico de carácter psicológico, ya se duda si tiene esa misma responsabilidad. El trabajo es conjunto y tanto el chico como la familia tienen que comprometerse", explica Manuel Córdoba, director del centro de reforma 'El Laurel', que lleva cinco años aplicando en Madrid un programa prionero especializado en maltrato familiar ascendente.

'Necesito que me pares'

En el centro de menores se trata de ordenar el caos en el que se convertido la vida de estos jóvenes, la mayoría de entre 15 y 17 años. Pasan, resume Córdoba, de "un contexto de que hacen lo que les da la gana, cómo les da a gana, con quien les da la gana y cuando les da la gana... a un contexto muy estructurado, que hacen lo que se les dice, cuando se les dice y cómo se les dice", bajo una estricta normativa y donde la falta de respeto o cualquier conato de agresividad deriva en sanciones disciplinarias.
'En un principio lo llevé fatal, me costó mucho trabajo adaptarme y seguir las normas, pero una vez concienciado de que tengo que pasar aquí nueve meses, decidí intentar que fuese lo mejor posible y aprender algo".
Un menor de 16 años recluido
Para ellos este paso de un contexto de libertad a otro de privación de ella resulta "muy duro". En esta primera fase, cuando son recluidos, muestran una "fuerte aversión" hacia su familia, la culpabilizan de todo mientras minimizan sus propias conductas. Es una situación de gran estrés psicológico, explica el director de El Laurel, quien subraya la importante tarea de motivación que hay que hacer sobre ellos en los primeros dos meses para que vean la necesidad de implicarse en este proceso de cambio.

En estos primeros momentos, el joven recrimina a sus familias que le hayan puesto una denuncia e, incluso, si mantiene conversaciones telefónicas con sus padres, puede llegar a "coaccionarles o amenazarles" para que la retiren o no declaren en el juicio. Pero en cuestión de un mes, asegura, los "chicos aceptan que ese 'no' que les dicen las familias con la denuncia lo necesitaban" e incluso "expresan directamente, que lo estaban pidiendo a gritos: primero te insulto, luego rompo cosas en casa, después consumo drogas o te pego para ver hasta dónde me permites... pero lo que necesito es que me pares". "Hay que quitar el miedo a la denuncia", asegura.

Sumidos en un 'infierno'

Once padres que han dado ese paso han explicado a ELMUNDO.es cómo era su situación familiar y cómo están viviendo la reclusión de sus hijos. "Era difícil, estresante, muy complicada. Había violencia verbal y física hacia objetos de la casa (mobiliario) y también alguna agresión física (hacia mi pareja)", relata una de las madres. "Insufrible, insostenible, muy doloroso", "mala, "una situación caótica, nefasta en la convivencia (desesperación), describen el resto y a veces, una única palabra es suficiente para resumir su vida, un "infierno".

Y los menores, una vez recluidos en el centro, con medida cautelar o firme, tras ser denunciados por sus padres, ¿cómo se sienten? ¿qué creen que les ha llevado hasta allí? "El malestar en todos los aspectos de mi vida, fracaso escolar, movidas con los amigos, peleas continuas en casa con mi padre, pero sobre todo el no poder estar bien conmigo mismo", escribía a ELMUNDO.es un joven de 16 años. Otros achacan su internamiento a la "mala convivencia" con su familia, "problemas de conducta", "mala relación" con su "madre y su pareja, aparte del consumo de drogas y problemillas de la calle"; "problemas familiares y malos comportamientos", "mucha angustia"; "discusión con mi madre" y sólo uno de ellos habla de "presunto maltrato a mi madre".

La mayoría de estos adolescentes responden a unos rasgos que les diferencian del resto de jóvenes delincuentes: desarrollan esta violencia en el ámbito familiar pero fuera de él suelen tener un comportamiento normalizado, su empatía —capacidad de ponerse en el lugar del otro— es baja o incluso inexistente, no controlan su impulsividad, ni analizan su comportamiento. Y en este tipo de delitos hay un porcentaje muy elevado de chicas adolescentes. Uno de cada tres internos es mujer mientras que, por otro tipo de conductas infractoras, el porcentaje es del 10-15% frente a un 80-85% de hombres.

Cuando la educación falla

Y estas características personales están directamente relacionadas con la educación recibida en las familias, procedentes de "todos los estratos sociales", subraya Córdoba. "El estilo educativo no ha funcionado con ellos, aunque sí lo haya hecho con otros hermanos o en otras etapas anteriores, como la infancia; no se ha adaptado a la evolución del chico en la adolescencia". Y pone un ejemplo muy gráfico: una madre sobreprotectora motivada por el cariño hacia su hijo le proporciona todos los cuidados de pequeño pero, cuando llega a la adolescencia, se esconde en la discoteca para poder controlarle provocándole, cuando la descubre, tanta indignación como daño en la "autoestima" y en la "seguridad en sí mismo".

Desde 2007, han pasado más de 200 jóvenes por este centro, gestionado por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Tiene una capacidad de 50 plazas y, actualmente, hay 40 menores internos. Durante la jornada realizan actividades formativas y prelaborales encaminadas a la reinserción, de ocio 'saludable' y de refuerzo al estudio; pero la mayor parte del tiempo está dedicado a la realización del programa psicoterapéutico, con sesiones individuales y grupales, para que los menores puedan asumir la realidad y obtener recursos que les ayuden a relacionarse con sus padres sin recurrir a la violencia.
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Durante las terapias que hijos y padres reciben por separado durante dos meses, se trata de hacerles entender "cómo se origina la agresión, cómo se mantiene, por qué se da y darles estrategias alternativas positivas". Y se abordan las pautas educativas y por qué no han sido acertadas. Éstas se incluyen normalmente en un estilo autoritario (que provoca una reacción de violencia en el menor), permisivo ("los adolescentes exigen a gritos 'dame límites, que el mundo adulto no es lo que tú me has enseñado'") o ambivalente, que alternan entre la autoritaridad y permisividad (el adolescente reclama con violencia que se le dé una respuesta coherente para tener una seguridad emocional).

En estos espacios, que se asemejarían a las escuela de padres, ambas partes "se encuentran comprendidas desde el minuto cero", explica Córdoba, porque se trata exclusivamente de los problemas (y soluciones) de las familias que sufren este tipo de maltrato. Se organizan también grupos de autoayuda para los familiares donde suelen descubrir esa luz al final del túnel gracias al testimonio de otras personas que han sufrido el mismo infierno pero que ya han comenzado a salir de él.

Entre la angustia y la esperanza

'En casos muy cronificados lo único que hemos podido transmitir a esas familias es que necesitan ayuda, pero esa ayuda no se la hemos podemos facilitar nosotros'
Manuel Córdoba
Durante el internamiento, los padres pasan por diferentes etapas emocionales y así lo explicaba por escrito una madre a ELMUNDO.es: "Al principio, con situaciones de angustia y culpabilidad, pero gracias a las terapias me he ido fortaleciendo y analizando mejor la situación y las causas que nos han llevado a esto". La mayoría de los progenitores que nos han brindando su testimonio reconoce que han llevado "mal", incluso algunos de forma "traumática" la reclusión, que es un proceso "difícil", "duro", pero al mismo tiempo lo viven con "esperanza", por el "bien de su hijo".

El acercamiento a los padres, y víctimas, en el centro de menores es progresivo. Los menores, por ley, tienen derecho a tener contacto con sus padres, a través de llamadas y visitas, pero en momentos de crisis y dada la conflictividad de la relación, éstas podrían ser perjudiciales para el desarrollo del proceso terapéutico. "A veces el interés supremo del menor es que no tenga derecho a ver a su familia" y se tienen que prohibir. Se solicita entonces una orden de alejamiento judicial, pero con una cláusula que permita la posibilidad de encuentros puntuales para que ambas partes se sometan a terapias conjuntas.

Cuando ya hay ciertos avances en la intervencion terapéutica y los menores asumen su responsabilidad, pero también empiezan a ver que es un problema familiar, sienten "una gran descarga emocional". El adolescente comienza a implicarse, a darse cuenta de que puede "avanzar", de que se les está dando una oportunidad para mejorar la relación con sus padres pero también a nivel laboral o formativa, que ya no está "sin hacer nada en el parque con sus amigos". Entonces comienzan a mostrar "otra actitud ante los profesionales, sus compañeros y su familia", explica Manuel Córdoba, con la satisfacción de poder trasmitir que esos esfuerzos profesionales y personales provocan un cambio real en las conductas.
 
| EL MUNDO
Las palabras que uno de los menores de 16 años escribe a ELMUNDO.es después de pasar cuatro meses en El Laurel refleja fielmente esa evolución y el sentir general sus compañeros: "En un principio lo llevé fatal, me costó mucho trabajo adaptarme y seguir las normas, pero una vez concienciado de que tengo que pasar aquí nueve meses, decidí intentar que fuese lo mejor posible y aprender algo de esto, es decir sacarlo algo de provecho a la situación".

A medida que se va observando una mejora de la relación se va incrementando el tiempo que padres y menor pueden pasar juntos, primero visitas semanales en el centro y bajo supervisión para evitar agresiones, y finalmente salidas al domicilio los fines de semana, las primeras ocasiones sin pernoctar.

Cuando ya ha finalizado el periodo de reclusión y antes de integrarse en su familia, el menor pasa un periodo de unos cinco o seis meses de media en libertad vigilada para adaptarse paulatinamente a su entorno y reducir el riesgo de reincidencia. El juez puede decretar, entonces, que el joven pase a cumplir esta medida en un piso de convivencia, como el gestionado por la Fundación Amigó en Madrid, en el que tanto él como su familia sigue recibiendo terapia.

Hay ocasiones en que hay que aceptar que la convivencia no es posible y entonces las familias deben centrarse en conseguir una buena relación pero sin permanecer en el mismo domicilio. Conscientes de esas dificultades, algunos chavales al salir del centro se han independizado e incluso ha habido algún un caso de emancipación legal de un menor de 16 años. Y en los casos en los que se cumple el periodo de reclusión pero permanece la situación de riesgo, se activa la red de protección social para que haga el seguimiento de la familia y se puede llegar incluso a solicitar una guarda judicial con ingreso del menor en un centro de acogida o piso tutelado.

'Varitas mágicas no existen'

Los profesionales del centro se han encontrado a lo largo del pasado año con situaciones de violencia cada vez más graves y que se perpetúan en el tiempo, por lo que "la posibilidad de revertir es cada vez más complicada", advierte el director de El Laurel. "No porque haya pasado por El Laurel esto va a cambiar radicalmente. En casos muy cronificados lo único que hemos podido transmitir a esas familias es que necesitan ayuda, pero esa ayuda no se la hemos podemos facilitar nosotros".
El aumento de estos casos de violencia crónica entre los internos es consecuencia indirecta de una recomendación de la Fiscalía General del Estado de julio de 2010, en la que se instaba a recurrir a las medidas de medio abierto, grupo familiar o educativo o libertad vigilada, para intervenir sobre los menores que comenten un delito de maltrato familiar ascendente. Se evita así, como ocurría anteriormente, que se proceda al internamiento automático pero ahora se está retrasando la entrada de los que sí lo requieren y no hay tiempo suficiente para el desarrollo del programa terapéutico.

"Es complicado para los fiscales, que tienen que decidir en cuestión de horas, pero la respuesta judicial en ocasiones no responde a las necesidades del caso y nos viene a nosotros cinco meses después y ese tiempo es crucial", advierte Córdoba, que cita incluso casos de chavales que pasan sólo un mes internos y... "varitas mágicas no existen". Y, además, a ese chico que no se le interna cuando es necesario "se le ha generado una sensación de impunidad, ha pasado por el juzgado y la respuesta es que vuelve a casa, las familias que han denunciado, con lo costoso que es a nivel emocional, ven que no se ha resuelto el problema y volver a denunciar les cuesta más todavía".

Estos casos crónicos son los casos más extremos, pero en general "los resultados sorprenden gratamente". "Las familias salen contentas y siguen contentas. Dicen que los chicos tienen sus tachones, pero ya son más manejables. Notan que hay un progreso grande", asegura Córdoba, quien respalda sus palabras con una cifra, la de la baja reincidencia, que en Madrid es del 2,6%. Pero al margen de los datos, la realidad que él ve a diario, de chavales y padres rotos por la violencia, le lleva más allá: "La utopía es que este centro desapareciese".

Y de deseos de cara a un futuro más cercano hablan también los padres y los menores que han vivido esas situaciones de violencia extrema. "Que todo sea totalmente distinto, no ser como era antes y que mi entorno pueda funcionar sin peleas", "estar mejor", "no tener esos problemas", "controlar mis impulsos dentro y fuera de casa ", conseguir "estabilidad", "cambiar y ser alguien de provecho en la vida", "felicidad"... escriben a ELMUNDO.es los jóvenes con la confianza de dar un vuelco a su vida a su salida del centro de menores. Los progenitores, con mucha cautela, expresan su esperanza de que sus hijos "mejoren", que "no vuelvan a caer en lo mismo", que puedan convivir con "cierta tranquilidad" y "tener un mínimo de felicidad". En definitiva, "volver a ser una familia".

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